(untitled) (Revista Española de Derecho Internacional, 2022)
En marzo de 2015 la Unión Europea puso en marcha la operación Sophia, en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, con el fin de contribuir a desarticular el modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y la trata de personas que operan en Libia. Además de ofrecer formación a la guardia costera y la armada libia, y hacer efectivo el embargo de armas a Libia decidido por el Consejo de Seguridad. En marzo de 2020, se pone fin a Sophia y nace la operación Irini. Su objetivo principal es aplicar el embargo de armas a Libia y, de forma secundaria, luchar contra las redes de tráfico y trata de migrantes, y formar a los guardacostas libios. La actuación de estas dos operaciones ha estado muy condicionada, en primer lugar, por la falta de autorización tanto del Consejo de Seguridad como de las autoridades libias para desarrollar sus respectivos mandatos en Libia, un Estado fracasado. En segundo lugar, por la ausencia de acuerdo entre los Estados miembros sobre el lugar de desembarco de los inmigrantes rescatados en el mar. Además, en el contexto de la actuación de estas operaciones se han planteado críticas relativas al respeto de los derechos humanos. No obstante estas evidentes limitaciones, con estas dos operaciones la Unión Europea ha asumido un protagonismo de cierta relevancia en la ejecución de las resoluciones del Consejo de Seguridad en el Mediterráneo central.