(untitled) (Revista Española de Derecho Internacional, 2021)
Desde hace dos décadas, en el ordenamiento jurídico internacional existe un sólido acuerdo sobre qué se entiende por el delito de trata de personas y sobre cómo ha de abordarse su perspectiva de violación de derechos humanos. Sin embargo, tales estándares no terminan de asumirse por la estrategia española contra la trata. Mientras que el ordenamiento jurídico español proscribe la trata en consonancia con el consenso internacional, su lucha llevada a cabo de facto parece guiarse por una concepción superada del delito que difícilmente satisface las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. El análisis de tal disparidad es necesario puesto que la falla en actuar con la debida diligencia para impedir aquella violación de derechos humanos es susceptible de generar la responsabilidad internacional del Estado.